TATEQUIETO AL NEGOCIO DE LOS FALSOS TESTIGOS DE JUSTICIA Y PAZ

salidas a la problemática de los falsos testigos


Hay una creciente preocupación entre las ramas del poder por la manipulación de testimonios en los procesos judiciales. En el Congreso buscan como castigar esta manipulación a la justicia.
Por: Redacción Política
                                          Salidas a la problemática de los falsos testigos
La semana pasada el Senado dedicó la sesión en la Comisión Primera a uno de los temas más complejos para el aparato judicial colombiano: el cartel de los falsos testigos. Es inocultable que hay preocupación entre las ramas del poder por la manipulación de testimonios en los procesos judiciales.
Es claro que hay muchos que a cambio de reducciones de penas se presentan como testigos ante la Fiscalía, acusando a altas personalidades que terminan en la cárcel y luego logran demostrar su inocencia, no sin antes haberse visto radicalmente afectados en su buen nombre.
A raíz de este sombrío panorama se empezó a socializar en el Congreso un proyecto de ley para ponerle punto final al 'cáncer’ de los falsos testigos que tiene tras las rejas a al menos 3.000 personas potencialmente inocentes.

La intención con esta iniciativa es que todas las declaraciones sean corroboradas con una valoración correcta de la prueba, donde se aplique el derecho a la confrontación. De acuerdo al abogado Luis Gustavo Moreno, especialista en el tema, se pretende que “sólo con testimonios de personas que declaren como consecuencia de un proceso de justicia negociada, principio de oportunidad o leyes de recompensa, no se puedan librar órdenes de captura ni emitir sentencias condenatorias”.
El proyecto establece que se deberá contar con otros medios de prueba o testimonio antes de impartir una orden de captura en un proceso judicial. También se busca arrinconar a quienes usan en Colombia la figura de los pentiti que son aquellos sujetos que confiesan sus propios crímenes y proporcionan a la autoridad información necesaria para la reconstrucción del hecho y la individualización de los participantes en el delito.
“Los pentiti hacen negocios y todo lo tramitan comercialmente porque existen empresarios de falsos testimonios que necesitan una justicia frágil del poder hegemónico para obtener sus beneficios de negocios. Esto es un fenómeno general porque aunque existen muchas excepciones, la tendencia es esa y no una rectificación”, explicó.
El proyecto empezó a ser socializado a una subcomisión de congresistas de la Comisión Primera del Senado y se espera que el ministro de Justicia, Yesid Reyes, conozca el alcance del mismo.
Dentro de los casos más renombrados de víctimas de falsos testigos está el exdiputado Sigifredo López, los exsenadores Nancy Patricia Gutiérrez y Carlos García Orjuela, el contralmirante Gabriel Arango Bacci y el mismo presidente del Senado, Luis Fernando Velasco.
Todos ellos enfrentaron procesos penales que los llevaron a estar tras las rejas pero lograron demostrar que los testigos mentían y recobraron su libertad no sin antes ver comprometida su vida personal y su patrimonio.
Justamente el presidente del Senado, quien fue señalado de tener relaciones con las Farc y los paramilitares y logró demostrar su inocencia, dijo que no hay nada más lamentable que las desviaciones en las investigaciones por cuenta de los falsos testigos que esperan recibir beneficios jurídicos entregando sus testimonios contra inocentes.
“Yo no puedo creerle al falso testigo que testificó en mi contra si luego testifica en contra de un contradictor político mío porque si mintió en mi caso miente en los demás casos”, aseguró.
A su vez, el senador Hernán Francisco Andrade, dijo que en los últimos años, al amparo de la Ley de Justicia y Paz, el país ha observado cómo delincuentes que buscan beneficios calumnian inculpando a políticos y funcionarios en delitos que no han cometido. “Hay que prever mecanismos para contener y bloquear esta dinámica, teniendo en cuenta que se está adelantando un proceso de paz con las Farc”, enfatizó.
Ahora las decisiones y salidas para atajar a los responsables de los falsos testimonios buscando beneficios judiciales están en manos del Congreso de la República.
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