Colombia, a juicio internacional por crimen de líder de Aguachica

en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) pasó el caso de 
Noel Emiro Omeara 
Carrascal, quien fuera líder del Movimiento de Acción...
COLPRENSA | PUBLICADO EL 25 DE JULIO DE 2016





A juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) 
pasó el caso de Noel Emiro Omeara Carrascal, quien fuera líder del 
Movimiento de Acción Comunitaria, MAC, en Aguachica, Cesar, agrupación 
política surgida por iniciativa de los campesinos que fue víctima de una persecución 
y campaña de exterminio entre 1993 y 1994.


El caso se relaciona con una secuencia de graves violaciones de derechos 
humanos cometidas en contra de tres miembros de una misma familia:
 el atentado sufrido por Noel Emiro Omeara Carrascal el 28 de enero de 1994
y su posterior muerte; la desaparición y ejecución de su hijo, Manuel Guillermo
Omeara Miraval, desde el 27 de agosto de 1994; y el atentado y posterior muerte
de Héctor Álvarez Sánchez, suegro del segundo, el 21 de octubre de 1994.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, analizó los hechos
del caso, a la luz de un contexto de coordinación y beneplácito entre miembros
de la Fuerza Pública y un grupo armado ilegal, no desvirtuado por el Estado
mediante una investigación diligente.
En cuanto a lo sucedido a Noel Emiro Omeara Carrascal, la Comisión concluyó 
que el Estado incumplió su deber de protección, lo cual favoreció el atentado,
 y que además existen suficientes elementos para concluir que existió 
colaboración de agentes estatales.Este caso fue declarado de lesa humanidad
 por el Tribunal Superior de Bucaramanga el 21 de abril de 2014.
En cuanto a la desaparición y posterior ejecución de Manuel Guillermo
Omeara Miraval, la Comisión determinó que fue privado de libertad por
personas pertenecientes a un grupo paramilitar que operaba en la zona y
encontró múltiples indicios de participación estatal en los hechos, por lo que
determinó que el crimen es atribuible al Estado. Además, se determinó que fue
torturado.
Sobre el atentado y muerte de Héctor Álvarez Sánchez, la Cidh determinó 
que el Estado no le brindó la protección que requería, lo que permitió 
que miembros de un grupo paramilitar le dispararan, dejándolo parapléjico 
e imposibilitado para hablar, falleciendo posteriormente. Aquí, dice la Comisión,
“el Estado no logró desvirtuar los múltiples indicios sobre su responsabilidad por
los vínculos con los grupos armados ilegales que cometieron estos hechos”.
De acuerdo con la Cidh, a pesar de los serios indicios de responsabilidad de
agentes estatales y miembros de grupos paramilitares, el Estado no logró
acreditar que hubiese investigado de manera seria, oportuna y exhaustiva
tales indicios pues se han presentado múltiples demoras que implican que
21 años después el crimen siga sin esclarecerse.
La Comisión señaló que ya en el informe de fondo sobre este caso, se había
recomendado al Estado colombiano que reparara integralmente a los familiares
de las víctimas por los daños sufridos, que dictara medidas para su protección
y que se hiciera una pronta investigación teniendo en cuenta los parámetros de
contextos y patrones de actuación conjunta entre agentes estatales y grupos
armados ilegales.
No obstante, la Comisión Interamericana consideró que Colombia no
cumplió con esas recomendaciones y por eso envió el caso a la Corte Interamericana.
De acuerdo con la Cidh, este proceso permitirá a la Corte profundizar su 
jurisprudencia sobre la responsabilidad internacional del Estado frente a 
diversos supuestos de colaboración y aquiescencia entre agentes estatales y 
ciertos actores no estatales.
“En este caso particular, la Corte podrá analizar la manera en que confluyen
el incumplimiento del deber de respeto – vinculado a la obligación de no actuar
con colaboración y aquiescencia respecto de actores no estatales – y el
deber de garantía, específicamente de protección, frente a un contexto de hostigamiento
previamente conocido y cuya autoría es atribuible a actores no estatales que
actuaron en dichos supuestos de colaboración y aquiescencia”, señaló la CIDH en
un comunicado